En un año de gestión del Gobierno del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, que asumió el 8 de noviembre de 2020, Bolivia pasó de la zozobra que vivió el 2020 durante la pandemia del COVID-19 y el gobierno de facto que dejó sin educación a más de 2 millones de estudiantes, a la certidumbre y esperanza, reponiendo el derecho al acceso a la salud y educación para todos los bolivianos.
“En el año de gestión de nuestro gobierno elegido democráticamente, se han colocado 7,9 millones de dosis, entre primeras, segundas, terceras y únicas dosis. A noviembre 2021, el 54,4 por ciento de la población mayor de 18 años cuenta con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19”, dijo el primer mandatario en su informe de gestión el 8 de noviembre ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El manejo de la pandemia en 2020 se caracterizó por los altos índices de letalidad, un elevado número de casos positivos y un nivel insuficiente de pruebas, lo que repercutió en muchos fallecidos por la enfermedad del COVID-19 que azota al mundo.
Bolivia, el 2020, vivió días de zozobra, un paciente debía gastar entre Bs 1.000 y Bs 1.500 por una prueba PCR, y tenía que esperar hasta tres meses por el resultado. En esta gestión de gobierno se adquirió 4.043.525 pruebas de diagnóstico, entre PCR y antígeno nasal, para garantizar el diagnóstico masivo y oportuno con un resultado rápido, además de ser totalmente gratuito. En el país, se cuenta con 2.576 puntos en los que se realiza el diagnóstico antígeno nasal.
En contraste con lo que ocurría en noviembre de 2020, el Gobierno de Arce adoptó una estrategia en salud, un plan con tres líneas de acción, la primera: pruebas COVID-19, masivas y gratuitas; la segunda: vacunación gratuita; y la tercera: fortalecimiento del sistema sanitario desde el Estado.
“Pasamos de confinamientos y restricciones a la movilidad, a una oferta amplia y masiva de pruebas diagnóstico, de allí, al tratamiento temprano y al inicio del proceso de inmunización con vacunas aprobadas internacionalmente”, agregó.
La tasa de letalidad de 6,2% en la primera ola, se redujo a 2,7% en la segunda y tercera ola. Al comienzo, en esta cuarta ola se registran los niveles más bajos de toda la pandemia con 0,96% en noviembre de 2021, según informe del Ministerio de salud y Deportes.
En la tercera ola, el proceso de inmunización fue masivo y se dispuso más de 15,4 millones de vacunas gratuitas en todo el territorio nacional para garantizar el derecho a la salud con una cobertura de 64% en primera dosis y 54% en segunda, la vigilancia epidemiológica activa y un proceso continuo de vigilancia genómica ante posibles riesgos de propagación de variantes del virus ahora son parte de la política sanitaria estatal.
Bolivia, pese a los problemas mundiales para la adquisición de las vacunas, debido a que los países desarrollados efectuaron la compra y reserva de los inmunizantes de las empresas productoras, gracias a gestiones a nivel internacional encabezadas por el Presidente de Bolivia se pudo acceder paulatinamente a la compra de varios proveedores.
El primer lote de vacunas que llegó al país fue de Sputnik V, a fines de enero, y de forma inmediata se inició la vacunación en todo el país. Posteriormente llegaron otros lotes de los inmunizantes AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen, teniendo a la fecha 15,4 millones de dosis distribuidas en todo el territorio nacional, de las cuales se aplicaron más de 7 millones entre primeras, segundas y terceras dosis.
El proceso de vacunación consideró tres fases, la primera fue dirigida al personal de salud de establecimientos públicos, seguridad social y privados; y a personas mayores de 60 años y con enfermedad de base.
La segunda fase del proceso de vacunación estuvo dirigida a la población de 18 a 59 años sin enfermedades de base y a mujeres embarazadas y en período de lactancia. Y la tercera fase contempla la vacunación a los adolescentes de 12 a 17 años.
Según informe del Ministerio de Salud, el mal manejo de la pandemia del COVID-19 durante el gobierno de facto, también estuvo acompañado por un mal manejo del resto de servicios en salud en desconocimiento de la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI). Asimismo, se realizó un repliegue y distribución discrecional del recurso humano de los programas en los establecimientos de salud para contingencia del COVID-19.
A partir de la recuperación de la democracia, el Gobierno centró sus acciones en atención a la mujer embarazada, fortaleció el programa de Bono Juana Azurduy en beneficio de la mujer embarazada, y reactivar el Subsidio Universal Prenatal por la Vida benefició a 555.000 madres bolivianas sin seguro, con la entrega de 2 millones de paquetes nutricionales en todo el país desde el 2015 a la fecha.
Asimismo, a través del Sistema Único de Salud (SUS) y la política SAFCI, el número de partos atendidos por personal calificado ha aumentado; se profundizó la prevención en salud a través de la SAFCI; universalizando el SUS; con evaluaciones de calidad en todos los niveles.
A partir de noviembre 2020, el número de atenciones médicas ejecutada por el programa SAFCI incrementó paulatinamente, mostrando una sustancial diferencia con la gestión anterior.
“Desde que recuperamos la democracia, hemos desembolsado 1.088 millones de bolivianos para la atención gratuita de todas las enfermedades comunes, medicamentos, cirugías, exámenes de laboratorio e imagenología, terapia intensiva, además de incluir enfermedades de alto costo, como algunos tipos de cáncer y el tratamiento de hemodiálisis”, detalla el informe presidencial.
En la actualidad, más de 5,8 millones de bolivianos están protegidos por el SUS, universal y gratuito.
Año por la recuperación del derecho a la educación
El 2 de agosto de 2020, el gobierno de facto clausuró la gestión escolar, coartándose el derecho a la educación a más de 2 millones de niños y jóvenes.
En respuesta a esa decisión, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, exhortó “al Estado boliviano a revisar la decisión de la clausura del año escolar y extremar los esfuerzos para garantizar la continuidad de la educación en condiciones de igualdad.
Según el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la educación es un derecho fundamental.
Desde noviembre de 2020, pese a las condiciones vividas debido a la presencia del COVID-19, el Gobierno del presidente Arce actuó con urgencia para asegurar el acceso a la educación inclusiva y sin ninguna forma de discriminación.
La política educativa implementada desde el 1 de febrero estableció tres modalidades de atención educativa: presencial, semipresencial, y a distancia.
El buen manejo de la pandemia permitió avanzar a un 58,7% de clases presenciales, más las semipresenciales, el 81,4% de las unidades educativas del país están bajo estas las dos modalidades, teniendo solo el 18% con clases a distancia, según reporte del Ministerio de Educación.
En el marco de la política de igualdad de oportunidades, y con el objetivo de llegar a las poblaciones que no tienen acceso a dispositivos tecnológicos e internet de calidad, se lanzó el programa Educa Bolivia, con tele y radio clases, mediante el apoyo de los textos de aprendizaje, logrando dar continuidad al proceso de enseñanza y aprendizaje en lugares donde la presencialidad no fue posible.
El canal estatal Bolivia Tv, radios comunitarias y medios privados, se sumaron en la difusión de contenidos educativos. Son más de 4.000 programas emitidos a través de televisión y radio con más de 6.600 horas de transmisión para los diferentes niveles educativos.
De igual manera, se han elaborado, impreso y entregado gratuitamente 4.345.385 textos en el primer y segundo trimestre. Para el tercer trimestre se entregó 318.826 textos para educación inicial; 1.271.313 para primaria y 1.085.294 para secundaria; haciendo un total de más de 7 millones de textos de aprendizaje distribuidos en todo el país.
Para educación especial se entregó por primera vez 16.680 textos a nivel nacional, en tanto que, para educación alternativa, se entregó 159.350 textos.
Además, priorizando a los estudiantes con mayor vulnerabilidad, en el marco del Decreto Supremo 4483, se entregó de manera gratuita, desde abril hasta octubre, 19.602 computadoras Kuaa; se tiene previsto entregar 17.322 dispositivos adicionales hasta diciembre del presente año, también se distribuyeron 4.273 celulares y tablets.
Este 11 de noviembre se inició la entrega del incentivo al acceso, permanencia y conclusión de estudios regulares, como es el bono Juancito Pinto, que beneficiará a más de 2,3 millones de estudiantes de todo el país, de los niveles de primaria y secundaria, con una inyección económica de más de Bs 486,1 millones.