La Paz, 18 de julio de 2022.- La bolivianización se ha constituido en una de las políticas económicas más relevantes, desde la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que ha permitido a la población depositar su confianza en la moneda nacional.

La Paz, 10 de julio de 2020.- “La economía como un todo interrelacionado en el que convergen los agentes económicos y se arraigan en estructuras sociales” (Josep  Stone)

La economía en el país se desarrolla con estrategias de mercado implantadas desde el primer momento que tomó posesión el actual presidente, Luis Arce. Estas se basan en mantener el tipo de cambio, alentar el crecimiento productivo a través de la inversión estatal en infraestructura y crear empresas estratégicas que coadyuven al crecimiento económico y permitan generar empleos.

Otra estrategia del Estado es avivar la productividad con el abastecimiento del mercado interno para evitar el alza de precios y luego fomentar las exportaciones.

El comercio exterior (Comex) de Bolivia sigue su desarrollo después de las cuarentenas, porque las materias primas en el mercado internacional continúan al alza. El crecimiento de las exportaciones en 2021 fue por “reflejo”, debido a que la economía se detuvo para algunos sectores en 2020, a nivel global por el COVID.

Los flujos de exportaciones tuvieron una caída, pero esta no fue tan estrepitosa gracias a la rápida reacción de las cadenas de suministros y la necesidad de reactivar la industria en todos los países.

Para 2022 se pronosticaba que el Comex tendría una caída en diferentes productos, como “efecto rebote” del crecimiento rápido en 2021. Pero la coyuntura mundial a inicios de año, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, abrió el mercado con precios al alza, en especial para granos y minerales.

Según trascurre la gestión –y con la invasión de Rusia a Ucrania– hay un nuevo impulso en los precios del mercado internacional, así los hidrocarburos se convierten en los jugadores principales, seguidos por los minerales y los productos no tradicionales, como carne, granos y las manufacturas.

Estos últimos empiezan una tendencia de subida en las bolsas, mientras que los precios llevan a un crecimiento constante y en exportaciones dejan a los primeros seis meses con una balanza comercial en positivo.

Entre enero y junio de 2022 Bolivia registró el superávit comercial de 1.082 millones de dólares. Es una cifra superior por 313 millones de dólares a la registrada en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento total de las exportaciones es de 1.558 millones de dólares.

En este contexto se puede afirmar que la estabilidad seguirá, con el Boliviano congelado en 6,96 con relación al dólar, pero con algunos efectos dentro del mercado, como el aumento de precios de algunos alimentos de la canasta familiar.

Para que los precios no se disparen, el Estado se apoyará en políticas de subvención de materias primas para la producción de alimentos, mientras que el precio de los carburantes seguirá congelado en beneficio de la industria y de los ciudadanos en el transporte, el cual juega papel importante en el desarrollo del país.

Es necesario que exista oferta para generar demanda y competitividad en precios, así seguirá la política de ingreso de algunos alimentos de países vecinos para el comercio informal.

Se debe recordar que en Bolivia la población que se dedica a este tipo de actividad es muy amplia, pero en esta gestión se ha impulsado la inclusión financiera para legalizar productos que aporten a la reactivación económica con impuestos.

Esta coyuntura de manejos y políticas económicas correctas otorga 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) acumulado hasta abril de 2022. Así Bolivia es el país con el segundo superávit comercial más alto de la región, pese a los efectos negativos de la guerra entre Ucrania y Rusia.

El superávit comercial nacional continúa en crecimiento y fortalece las Reservas Internacionales. Solo Perú registró superávit más alto (1,8%) respecto al PIB. De acuerdo con un reporte, hasta abril de 2022 Paraguay es el más afectado por el contexto internacional, pues registra déficit comercial de menos 0,6%, aunque en 2021 contaba con balanza comercial positiva (1,7%).

Países vecinos como Chile y Argentina también registraron disminución en su balanza comercial, con caídas de 1,1% y 0,3%, respectivamente, aunque todavía registran superávit.

La tasa de variación anual del IPC (Índice de Precios al Consumo) en Bolivia en junio de 2022 ha sido de 1,8%, es decir, cuatro décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 0,4%, de forma que la inflación acumulada en 2022 es del 1,2%.

Se debe destacar la subida del 1,1% de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, hasta situar su tasa interanual en 2,2%. Con estos datos el Estado garantiza la estabilidad de precios de alimentos mediante subvención y controles para evitar especulación y alza de precios, que provocarían desbalance en los mercados y afectarían a los índices inflacionarios.

Para mantener estos datos debe seguir la inversión con recursos obtenidos por los magníficos precios de las materias primas. Con inversiones en infraestructura y servicios, la reactivación y estabilidad económica permitirá que el poder adquisitivo de los bolivianos sea estable.

De esta manera se combate el desempleo y la pobreza, ya que parte del ciclo de desarrollo económico es invertir para producir riqueza para la población.

Martín Moreira

La Paz, 22 de junio de 2022.- La coyuntura a partir de la sentencia por el caso “golpe dos” tendrá aún mucho tiempo a partir de las incidencias tanto nacionales como internacionales. En los últimos días un pronunciamiento del Sr. Diego García-Sayán, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados generó gran polémica a sabiendas de que su visita fue propiciada por autoridades del gobierno nacional. Sin embargo, corresponde de igual modo precisar la dimensión del contenido de su pronunciamiento a partir de las realidades judiciales de connotación política innegable en el país.

Sobre lo primero planteado, me adhiero al pronunciamiento del relator de NNUU García-Sayán sobre que “tienen derecho a Juicio de Responsabilidades quienes hayan ejercido la Presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”; porque la observación hace referencia al enjuiciamiento por los actos de gobierno en el ejercicio de funciones, contrariamente la sentencia que condena con 10 años de cárcel por resoluciones contrarias a la CPE no aborda el tiempo de gobierno del régimen de transición. Interpretando la afirmación del relator, coincide entonces en que las masacres por Senkata y Sacaba deben ser juzgadas vía 2/3 de la ALP, y cuyas muertes hoy siguen en la impunidad. Sólo resta que el TCP se pronuncie al respecto y el camino luego debe allanarse. Aún no está ejecutoriada la sentencia, por ello existen probabilidades judiciales en el caso Áñez frente al gobierno de los jueces.

Sobre su preocupación de: “Las señales de posible intervención del poder político en este proceso judicial preocupan a la comunidad internacional. La justicia boliviana tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación u revisión, si se presentase”; incurre en un gran error al sindicar sin pruebas de intervención directa del poder político a la justicia boliviana. Una “señal” no es una “prueba judicial”, el juzgamiento en la vía ordinaria por la toma ilegal del poder, la aplicación inconstitucional de la sucesión presidencial y el quebrantamiento del orden constitucional en Bolivia merece un juzgamiento en la vía ordinaria por esos hechos tipificados como incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE y las leyes. Son importantes estos precedentes, pero sólo habrá “memoria, verdad y justicia” cuando las 37 muertes del régimen del añizmo no queden en la impunidad.

Israel Adrián Quino Romero/

La Paz, 14 de junio de 2022.- La activación inusitada de recursos y hasta artificios jurídicos de parte de la exsenadora Jeanine Áñez en el juicio que el país conoció como “golpe de Estado dos”, hasta la lectura de la parte dispositiva de la sentencia, nos permite concluir en dos verdades ante el pueblo boliviano: el ejercicio pleno del debido proceso y el descarte de la tesis del juicio de responsabilidades.