Informes dan a conocer que durante el régimen de Jeanine Áñez se puso en riesgo la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Las autoridades optaban por medidas que restringían derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado.
No solamente periodistas fueron conminados, sino la población en su conjunto. La libertad de expresión, la difusión libre de opiniones y el acceso a la información estuvieron bajo amenaza.
Días después de que Áñez se autoproclamara presidenta, la entonces nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, confirmó el seguimiento a periodistas que no compartían con la línea gubernamental, porque eran considerados sediciosos.
“La prensa tiene todas las garantías para trabajar. Y, aquellos periodistas o seudoperiodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas que son, en algunos casos, bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”, amenazó.
A eso se suma que, desde el 22 de marzo de 2020, rigió en todo el territorio nacional una cuarentena total aplicada por el Decreto Supremo N° 4199. La norma determinó que los estantes y habitantes en Bolivia debían permanecer en sus domicilios o en la residencia que se encuentren durante el tiempo que dure la cuarentena total.
El Decreto Supremo permitía que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas salgan a las calles con el fin de vigilar el cumplimiento de las restricciones. Las personas que incumplían esa norma eran sancionadas con ocho horas de arresto hasta 10 años de cárcel más la imposición de multas pecuniarias. Además, el régimen advirtió con privar la libertad de los funcionarios públicos que incurran en incumplimiento de deberes pese a la emergencia sanitaria.
El 7 de mayo de 2020, Áñez y el gabinete de ministros emitieron el Decreto Supremo N° 4231 que estableció: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
Los informes
Un dossier que incluye informes de instituciones internacionales y nacionales demuestra la vulneración al ejercicio del periodismo y a la libertad de expresión en Bolivia durante el régimen de Jeanine Áñez entre 2019 y 2020.
El documento titulado “Dossier, informes sobre vulneración de derechos humanos en Bolivia 2019-2020” reúne las investigaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CEPR), International Human Rights Clinic de la Universidad de Harvard, la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR), el Instituto de Terapia de Investigación (ITEI), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe de la Defensoría del Pueblo titulado “Crisis de Estado, violación de los derechos humanos en Bolivia - octubre - diciembre 2019”, indica que durante la ruptura institucional de 2019 y la instauración del régimen se identificaron falta de medidas de protección para trabajadores de la prensa, el ataque por particulares a medios de comunicación, la coacción directa e indirecta sufrida por medios de comunicación con una línea política contraria al Gobierno, el peligro de la omisión de garantizar la labor de medios de comunicación formales y trabajadores de la prensa en contextos de conflicto social.
“Las declaraciones estigmatizantes por parte de autoridades y exautoridades del Gobierno transitorio, con la intención de amedrentar a periodistas nacionales y extranjeros, además de radios comunitarias no afines a la línea gubernamental, vulneraron el derecho a la libertad de expresión con especial énfasis en sus componentes de pluralidad y diversidad”, se lee en parte del informe defensorial.
El informe “‘Nos dispararon como animales, Noviembre Negro y el Gobierno interino de Bolivia” presentado por International Human Rights Clinic de la Universidad de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) coincide en que la labor de los periodistas fue amenazada durante el régimen de Áñez.
Con base en la información recopilada en este informe hasta el 27 de julio de 2020, en el documento se indica que tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, Bolivia sufrió un aumento de violaciones a los derechos humanos y que durante el régimen se promovió la violencia, la limitación de la libertad de expresión y las detenciones arbitrarias que “han contribuido a un clima de terror y desinformación que ha socavado el Estado de derecho y el prospecto de unas elecciones justas y abiertas”.
“El gobierno interino boliviano debe reiterar y demostrar su compromiso por respetar y defender el derecho de los medios de comunicación a publicar sin miedo a la represión, por medio, en primer lugar, de la liberación de todos los periodistas y defensores de los derechos humanos detenidos bajo los cargos de sedición o terrorismo y, en segundo lugar, por medio de la reapertura de los medios de comunicación que fueron cerrados por el gobierno”, se lee una parte del informe.
Otro informe, el elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y titulado “La situación de los derechos humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia”, también hace mención a la vulneración de la libertad de expresión y la labor periodística.
“OACNUDH documentó múltiples casos de amenazas y agresiones físicas por parte de manifestantes en contra de personas que se dedican al periodismo y a la comunicación social, así como a freelancers que cubrían las protestas. La OACNUDH también recibió información acerca de presuntos ataques cometidos por las fuerzas de seguridad en contra de periodistas que cubrían las protestas en Sacaba y Senkata”, se lee.
“También resultan preocupantes las declaraciones públicas por parte de autoridades, que afirmaron que algunos periodistas habrían cometido el delito de sedición. Afirmaciones como esas podrían alentar la violencia en contra de periodistas y personas que trabajan en medios de comunicación, generar autocensura e inhibir coberturas independientes”, añade.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resalta en su informe “CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia” que testimonios a periodistas que dieron a conocer la vulneración de derechos humanos.
“Según información recabada por la CIDH, del 20 de octubre al 2 de diciembre, se habrían registrado al menos 50 periodistas agredidos de 20 medios de comunicación nacional e internacional. Dichas agresiones habrían sido originadas tanto por parte de manifestantes, como también por el excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”, se lee en el documento.
El Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CEPR) da a conocer que el régimen de Áñez hizo uso político del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones presidenciales de 2019 y cómo evitó dar información a periodistas que investigaban las denuncias de supuesto fraude.
“No obstante, el Gobierno de facto, así como sus partidarios internacionales, han utilizado el Informe Final desde su publicación para justificar su usurpación no democrática del poder y su violación de los derechos humanos y los derechos al debido proceso. A pesar de la importancia del papel de la OEA en las elecciones, así como en el derrocamiento de Morales y sus consecuencias, la organización se ha negado a responder preguntas —con respecto a sus declaraciones e informes sobre las elecciones bolivianos— a periodistas, investigadores, miembros del Congreso de Estados Unidos o Estados miembros de la OEA”, indica el informe.
El Artículo 106 de la Constitución determina que el Estado debe garantir el derecho a la comunicación y el derecho a la información.
“El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”, se lee en parte.
Añade que el Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.