La Paz, 14 de agosto de 2022 (ABI). - El viento andino se desliza por las laderas y en el horizonte, en la cima de la hondonada paceña, los primeros rayos del sol alcanzan a las cuatro cumbres de nieves perpetuas del Illimani, a cuyas faldas discurre la ciudad en aparente calma.
Es una típica mañana de invierno: un sol que no calienta y el infinito cielo azul paceño sin nubes.
Pero no es un día cualquiera. Una mujer con un cinturón de cartuchos de dinamita en la cintura abre la violenta jornada informativa en los medios de prensa y la imagen recorre el mundo.
Es el lunes 2 de julio de 2001 en La Paz y junto a la mujer, otros cientos de pequeños deudores como ella con bombas caseras y gasolina toman el edificio de la Superintendencia de Bancos y amenazan con desatar el infierno.
Casi en simultáneo, como una operación militar sincronizada, otro grupo toma las oficinas de la Conferencia Episcopal de Bolivia, mientras que un tercer contingente de deudores hizo suya las instalaciones de la Defensoría del Pueblo.
El movimiento de pequeños deudores de la banca privada agrupaba a más de 12.000 familias en todo el país. Contrajeron deudas en momentos en que el interés bancario ascendía al 60%.
Los deudores, en su mayoría, habían cancelado el capital, pero no podían enfrentar los altos intereses.
Brígida Sagredo, la abogada que atendió la mayoría de estos casos con los acreedores, declaraba a la prensa: “Los acreedores están poniéndolos a los prestatarios contra la pared con los famosos remates y juicios. Unas 12.000 personas, que adeudan al sector financiero entre 500 y 20.000 dólares, iniciaron hace tres meses en La Paz un movimiento de protesta por la condonación de sus créditos con bancos y otras entidades financieras, a las que dejaron de pagar debido a la grave crisis económica del país”.
Ese colectivo adeudaba a los bancos y otras entidades financieras unos 40 millones de dólares que les fueron concedidos como pequeños préstamos personales al calor del “boom” económico.
El problema se agravó con la indiferencia de la Superintendencia del sector, y su matriz Sistema de Regulación Financiera (SIREFI), que no evitó la especulación financiera en el microcrédito.
Habían llegado 96 días antes a la sede de gobierno y la Superintendencia de Bancos los ignoró completamente.
Las “super”, el BM y el FMI
Las Superintendencias fueron creadas durante el primer gobierno del ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).
Al amparo de las “super” se ejecutó el programa privatizador de empresas estratégicas del Estado. Durante ese periodo se enajenó las principales empresas del Estado.
Sánchez de Lozada, refugiado en Estados Unidos desde octubre de 2003 y sumariado en Bolivia por el asesinato de 67 civiles durante una insurrección popular que zanjó con su derrocamiento, restó a la administración central del Estado las facultades de control y las dejó en manos de dirigentes políticos elegidos como superintendentes por el Senado Nacional.
Las Superintendencias se consolidaron como un Estado paralelo que decidieron libremente sobre ejes tan sensibles, como estratégicos para el país: finanzas, servicios públicos, agua, transporte, telecomunicaciones, hidrocarburos, electricidad, recursos naturales, biodiversidad, medioambiente y el sistema de pensiones de los bolivianos.
El sistema regulatorio fue –como lo apuntó el investigador Alfredo Rada– un componente de los programas de ajuste estructural diseñados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
Ambos organismos adquirieron una presencia latente y extendida en el diseño de las estrategias políticas económicas de los países en desarrollado debido a los pagos de sus deudas externas provenientes de sus desajustes económicos.
En las décadas de los ochenta y noventa, como consecuencia de la crisis de la deuda que se generó, el FMI y el BM forzaron a los países afectados por el endeudamiento a llevar a cabo políticas duras de ajuste, privatización y desregulación.
Los daños causados por estas políticas impuestas por los organismos internacionales fueron muy graves para Bolivia, que provocaron mayor pobreza, desigualdad y crisis económica.
Las Superintendencias –regentes del neoliberalismo, con autarquía, e inclusive inmunidad ante las decisiones del Poder Ejecutivo– gozaron de amplios poderes administrativos sobre la prestación de servicios básicos, pero fueron inútiles en su desempeño.
El candidato a la presidencia en las elecciones de 2005, Evo Morales, calificó a las Superintendencias como “parásitos de las empresas” porque se financiaban, en parte, con los aportes de las empresas a las que debían regular.
El claro conflicto de intereses destruyó por completo –según el analista económico Roger Sarmiento– su supuesta imparcialidad y neutralidad.
“Y era evidente que la función del sistema impuesto por el FMI y BM no era regular en favor del usuario”, precisó.
Pérdidas
En el transcurso del año siguiente, aún en la memoria colectiva de aquel lunes 2 de julio de 2001, el sistema bancario perdió poco más de 71.000 cuenta habientes, sin embargo, la salida de usuarios no se produjo de manera constante, sino sólo hasta agosto, establece la memoria 2002 de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), ex Superintendencia de Bancos.
La mora, ese año, ascendió a 17.2% de la cartera, según la Asfi.
2022
Dos décadas después, eliminadas las superintendencias, con leyes de regulación transparentes y una banca boliviana sólida, rentable y eficiente, la mora bancaria ronda, a junio de este año, al 2.0%.
El dato revela dos realidades, opuestas a 2001: los bolivianos honran el pago de sus préstamos y la banca es más solidaria.
Mutualista
Sin asomo ya de entereza, Simona, una comerciante de mediana edad del mercado Mutualista de Santa Cruz, quería abandonarse en un rincón junto a las cenizas y los escombros de su puesto de venta a los que redujo un incendio en el gigantesco centro de abasto.
Apoyada en un muro ennegrecido se deslizó lentamente hasta caer sentada en sus polleras mientras las manos entumecidas por los nervios sostenían un calzado, el único que salvó de su humilde tienda devorada por las llamas.
“Ni un par de zapatos pude rescatar”, dijo entre sollozos a un canal de televisión, rebasada por la desesperación.
Como Simona, poco más de 1.500 gremialistas fueron afectados por el incendio del Mutualista.
Donde había quioscos atestados, el siniestro del 30 de julio y madrugada del 1 de agosto dejó calaminas quemadas, fierros retorcidos, cenizas de toneladas de mercadería.
En medio de la desesperación, algunos comerciantes llegaron a arriesgar sus vidas para arrebatar algo de sus bienes al fuego.
Los que lo lograron, instalaron inmediatamente una feria a metros del mercado para remataron sus artículos y cumplir con al menos un pago de sus deudas bancarias y llevar alimentos al hogar.
“Vendemos lo que quedó, porque tenemos que cumplir con nuestros pagos al banco, por eso pedimos ayuda”, reclamó un vendedor sin identificarse.
Los comerciantes pidieron ayuda al gobierno de Luis Arce y a la Alcaldía de Santa Cruz para que intercedan en la reprogramación del pago de sus créditos financieros.
“No sólo son puestos de venta, son economías familiares las que trabajan aquí”, explicó Damián Jiménez, otro de los afectados
El especialista en construcción Raúl Huanca planteó la demolición de toda la infraestructura del Mutualista, por los daños que provocaron las llamas.
“Es una desgracia lo que pasó. El fuego quema el concreto y aparecen las rajaduras y eso no se arregla con una refacción. Hay que volver a construir, porque se puede caer en cualquier momento. Hay que demoler”, opinó Huanca, entrevistado por radio Fides Santa Cruz.
Los que no fueron afectados, tampoco pueden vender su mercadería por el peligro que representa continuar en el lugar.
Decreto 4775
En solidaridad con los gremialistas, y atendiendo su pedido, el gobierno de Arce aprobó el Decreto Supremo 4775.
La norma determina la reprogramación de créditos en favor de los afectados. La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) aceptó sin reparos a los alcances del decreto y fueron más allá: “No descarta facilitar periodos de gracia”.
“Lamentamos lo ocurrido con los comerciantes del mercado Mutualista, por ello la banca asociada atenderá las solicitudes de los prestatarios afectados, considerando su situación económica y capacidad de pago, como indica el decreto”, explicó el secretario ejecutivo de la Asoban, Nelson Villalobos.
Villalobos indicó que las entidades financieras recibirán las solicitudes de los afectados y las analizarán caso por caso. Podrían incluirse, adelantó, periodos de gracia en función de los resultados del análisis de la operación crediticia.
De acuerdo con Villalobos, para la banca asociada es importante que los clientes cuenten con posibilidades que se adecúen a sus actuales condiciones y así poder dar cumplimiento a sus obligaciones financieras.
“Los bancos atenderán las solicitudes de forma individual, adecuando los planes de pagos, si así se requiere, con el objetivo de apoyar a los prestatarios afectados ante esta difícil situación, como lo ha hecho en otras ocasiones, ante eventos adversos”, puntualizó.
De acuerdo con datos de Asoban, a junio de este año la cartera vigente reprogramada alcanzó a $us 5.324 millones lo cual indica que las reprogramaciones continuaron aumentando después de junio de 2021 en apoyo a miles de empresas y familias.
En ese contexto, sin embargo, el índice de cartera en mora se mantuvo reducido.
Asfi
De acuerdo con el director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Reynaldo Yujra, la cartera de créditos, además, creció 7,7%, en relación a 2021.
Ese porcentaje implica –precisó Yujra– que el monto de los préstamos alcanzó a Bs 206.000 millones, a la culminación del primer semestre de 2022.
“Y en la cartera de créditos, el 42% es destinado a las micros, pequeñas y medianas empresas, que, sin lugar a dudas, son el motor de crecimiento económico del país”, remarcó la autoridad de la institución reguladora.
Después de la crisis política de 2019 y la pandemia mundial de la Covid-19, el sistema financiero boliviano atraviesa uno de sus mejores momentos con una mora bancaria, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, más baja de la región.
Mauricio Carrasco
