El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este viernes que la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove) recuperó 101 motorizados hurtados en el primer trimestre de este año en el departamento central de Cochabamba.

“Solamente en el primer trimestre de la presente gestión en Cochabamba se recuperó la cantidad de 101 automotores, de los cuales 24 son automóviles y 77 son motocicletas”, manifestó, en un acto de devolución de vehículos robados en la ciudad de Cochabamba.

La autoridad gubernamental recordó que estuvo esta semana en La Paz y Santa Cruz para la entrega de vehículos y motocicletas robadas a sus dueños.

Destacó que fue gratificante ver cómo las personas beneficiadas recibían sus automotores con muestras de agradecimiento.

“Hasta el momento se entregó a sus dueños un total de 28 vehículos, 20 motocicletas y ocho automóviles. Y esperamos que, a la brevedad posible, los dueños que aún no recogieron sus vehículos se aproximen a la Diprove”, agregó.

Según datos oficiales, la Diprove recuperó 810 motorizados robados desde 2004 en el departamento de Cochabamba, entre ellos 377 motos y 433 automóviles, que aún permanecen en depósitos policiales.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, informó este viernes que el Gobierno hace seguimiento a las investigaciones del caso del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, para conocer si hay nuevos elementos que permitan ampliar las indagaciones a otros implicados.

“La investigación es bastante específica, es un hecho de corrupción, de entrega de dinero a cambio de realizar o no una acción concreta en el ejercicio de funciones públicas; pero, obviamente, cualquier elemento que pueda permitir una ampliación lo hará conocer el Ministerio Público”, aseguró.

El martes por la noche, mediante un operativo de acción directa realizada en la avenida 16 de Julio de La Paz, se procedió a la aprehensión de Edwin Characayo Villegas, luego de ser encontrado en flagrancia cuando recibía $us 20 mil para favorecer a un sector que pretendía sanear tierras en el municipio de San Ramón en Santa Cruz.

“En el momento específico, se hizo una acción directa en El Prado de la ciudad de La Paz. En función de ese hecho específico, se emitió una imputación y se hace la investigación por ahora. Cualquier proceso de investigación es sujeto a ampliación en cualquier momento”, dijo el Viceministro de Justicia.

“Fue muy enfático el Ministro de Justicia (Iván Lima) al señalar que caiga quien caiga, cero tolerancia a la corrupción. Se investigará, de acuerdo a los datos de la propia indagación, a las personas que tengan que investigarse”, añadió.

Cesar Rojas, el abogado del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, aseguró este viernes que existen antecedentes de que su defendido fue investigado por hechos anteriores al caso de soborno descubierto el martes.

“No es la primera vez que intentaron buscar algún tipo de antecedente o situación que pueda dar origen o justificar removerlo de cargo”, dijo el abogado en entrevista con la televisora Red Uno.

Characayo fue descubierto el martes en flagrancia al recibir $us 20.000 en un caso de favorecimiento de trámite y provisión de predios en Santa Cruz, en complicidad con el exdirector General de Desarrollo Rural, Hiper García.

Ante el hecho, la jueza del Tribunal Tercero Anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, determinó la noche del jueves la detención preventiva para el exministro por un lapso de cinco meses en el penal de Palmasola de Santa Cruz.

“Evidentemente, se buscó un pretexto para justificar la destitución del exministro y esto aparentemente viene del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), donde se realiza el saneamiento. En realidad, mi defendido y el Ministerio de (Desarrollo Rural y) Tierras no participan en el saneamiento”, aseguró el abogado Rojas.

El Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, en conferencia de prensa, presentaron este viernes al médico acusado de agredir físicamente, de forma violenta, a un niño de diez años en la ciudad de Santa Cruz. Se trata de Hans Benjamín Bowles Antelo, un profesional reconocido en el ámbito de la medicina.

El titular de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que las investigaciones preliminares dan cuenta que los motivos que llevaron a Bowles a agredir a su hijastro, causándole siete días de impedimento físico, habrían sido para corregir la conducta del niño y educarlo.

“Nosotros, como Ministerio de Gobierno y como Policía Boliviana, afirmamos que no existe ninguna causal, ninguna justificación para que se pueda ejercer violencia de este tipo en contra de un menor de edad. Nada justifica la violencia y menos de un menor de edad”, enfatizó.

Según el reporte policial, el agresor se habría entregado durante la madrugada a las autoridades, tras haber fugado el pasado miércoles para evitar su aprehensión tras las denuncias de agresión por parte de sus vecinos.

Por su parte, el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, explicó que la madre del menor también será citada para prestar declaraciones por el caso, ya que se evidenció que el menor no solo tiene daños en el rostro, sino también en otras partes del cuerpo.

El pasado miércoles, vecinos del condominio donde habita Bowles y su familia, denunciaron el hecho tras el pedido de auxilio del menor, que había sido golpeado de forma violenta por su padrastro.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó este viernes que más de 600 privados de libertad ya recibieron la vacuna anticovid para evitar la propagación de la enfermedad, principalmente en las zonas fronterizas del país.

“A nivel nacional, tenemos 679 personas que han sido vacunadas en los centros penitenciarios. Se ha ido priorizando los centros penitenciarios que tenemos en la frontera y más a los adultos mayores y personas privadas de libertad con enfermedades de base”, informó a Bolivia Tv.

Limpias indicó que, en el penal de Villa Busch, en Cobija (Pando), se tiene programada la inmunización a 338 personas y en Puerto Suárez (Santa Cruz) a 67.

“Es un buen número de 17.600 personas privadas de libertad que tenemos a nivel nacional. De a poco vamos a ir avanzando, realizando este trabajo”, afirmó.

La autoridad dijo que continuarán realizando las gestiones, siguiendo la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de priorizar a los privados de libertad que son considerados como un sector vulnerable por el hacinamiento que existe en las cárceles.

Explicó también que, durante la segunda ola, 149 privados de libertad se contagiaron con COVID-19, de los cuales ya se recuperaron 115, 34 continúan activos y se tuvo dos decesos en las ciudades de Oruro y Cochabamba, ambas personas de más de 70 años.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, afirmó este jueves que en el país existe un problema estructural relacionado a la tenencia de la tierra, el mismo que debe ser resuelto en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), garantizando el derecho de la población a la misma y a la vez brindando seguridad jurídica para los propietarios.

“El tema estructural de fondo, es, cómo vamos a registrar y dar seguridad jurídica al uso de la tierra en el país (…) no hemos terminado de sanear la tierra y es una deuda histórica que no puede mantenerse”, indicó la autoridad de Estado a Fides, citado en un boletín institucional.

El martes por la noche, a través de un operativo de acción directa realizado en la avenida 16 de Julio de la sede de Gobierno, se procedió a la aprehensión del entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo Villegas, por haber sido encontrado en flagrancia cuando recibía $us 20.000 para favorecer a un sector que pretendía sanear tierras en el municipio de San Ramón.

El Ministerio de Justicia se constituyó en parte querellante y pidió acciones oportunas y transparentes en respuesta a la línea establecida por el presidente Luis Arce de cero tolerancia a hechos de corrupción.

“Yo veo un serio compromiso del presidente Luis Arce para atacar la corrupción (…), las investigaciones deben ser integrales y hay que ver el contexto de los hechos, pero lo que se está mostrando es el firme compromiso de cero tolerancia a la corrupción”, manifestó.

Agregó que “la trascendencia del delito de corrupción va de un dólar a 20.000, como en este caso, o a 380.000 como se pretendían recibir. No tenemos que tener tolerancia a la corrupción y en eso el mandato del presidente Arce y mío, como ministro de Justicia y Transparencia Institucional, es no admitir ningún hecho relacionado”.

El caso Characayo develó los hechos irregulares que aún giran en torno a la tenencia de la tierra, por lo que el titular de Justicia señaló que se debe ajustar el trabajo del Tribunal Agroambiental, Derechos Reales y otras entidades del Estado. “Hay un problema estructural en la tenencia de la tierra y donde no hay reglas claras va a surgir la corrupción (…). El Tribunal Agroambiental no termina de consolidarse, hay un escenario propicio para esta crisis en el sector agrícola”, dijo.

Lima recordó que el marco normativo vigente establece las reglas para la tenencia de la tierra, en cuanto a extensión y al uso social de la misma, entre otras. “La empresa agrícola y las reglas que hemos puesto en la Constitución tienen un límite en el país (…). Tenemos un paraguas constitucional, pero también tenemos la necesidad de tener una agroindustria fuerte”, manifestó.