Giovani Fuentes, amigo del exministro de facto, Arturo Murillo, fue enviado a la cárcel en Cochabamba por estar involucrado en el caso gases lacrimógenos, al tener varios inmuebles de propiedad del exministro de Gobierno a su nombre.

“Giovanni Edgar Fuentes Tambo es uno de los cómplices al que le ha transferido bienes el señor Murillo de forma gratuita por ser su amigo. Al salir del país el señor Murillo ha tenido el cuidado de dejar sus bienes a nombre de sus cómplices”, informó el diputado Remberto Calani en entrevista con Bolivia Tv.

Según el reporte, Fuentes tiene a su nombre varios departamentos, terrenos y acciones de una empresa que antes pertenecían a Murillo.

La audiencia se desarrolló el martes vía Zoom donde se determinó su detención preventiva por seis meses. Dentro del proceso existen más de 20 investigados.

La Fiscalía Departamental de La Paz informó este miércoles que el empresario Philip Lichtenfeld, que tiene una orden de aprehensión en Bolivia por el caso gases lacrimógenos, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.

“El fiscal Alexis Vilela indicó que existe ya la orden de aprehensión contra Lichtenfeld en Bolivia para que responda por este proceso, aunque se conoce que tiene una situación legal en Estados Unidos”, señala un reporte de la red Erbol.

Lichtenfeld fue detenido en Estados Unidos, acusado de formar parte del esquema de soborno y lavado de dinero proveniente de corrupción en la adquisición de gases lacrimógenos con sobreprecio, en el que está involucrado el exministro de facto, Arturo Murillo.

Según el Ministerio de Gobierno, Lichtenfeld es socio de proyectos inmobiliarios, en los cuales se invirtió dinero proveniente de la corrupción en el caso gases lacrimógenos.

La expresentadora de televisión Melisa Ibarra no se presentó a declarar en la investigación relativa al intento de toma física de las oficinas de la Defensoría del Pueblo, ocurrido en 2019, por lo que la Fiscalía anunció que se emitirá una orden de aprehensión.

“Al no presentarse y no justificar su inasistencia (el) Ministerio Público va evacuar la resolución de aprehensión correspondiente”, dijo el fiscal departamental Marcos Villa, según el reporte de radio Patria nueva.

Ibarra estaba convocada a prestar sus declaraciones ayer martes.

Según el fiscal Villa, la Defensoría del Pueblo denunció que en 2019 un grupo de personas intentaron ingresar a sus dependencias durante tres días consecutivos por lo que el Ministerio Público inició la pesquisa por los delitos de instigación pública a delinquir, amenazas y atentado contra la libertad del trabajo, indica un reporte de Erbol.   

En este caso también está denunciada la activista Guadalupe Cárdenas, quien se presentó ante el Ministerio Público y se acogió al silencio, informó el Fiscal.

Indicó que la abogada Paola Barriga, también denunciada, fue convocada a declarar para el 4 de junio, añade la agencia.

El anuncio de la orden de aprehensión contra Ibarra, se suma a otra orden similar emitida por la Fiscalía por un caso de asociación delictuosa en el que la expresentadora fue acusada porque su vehículo fue usado por personas que, vestidas con indumentaria policial, habrían cometido hechos de extorsión.

Al respecto, el investigador Sergio Huamán, dijo a Bolivia Tv el 18 de mayo, que Ibarra conformó un grupo paramilitar que operó durante el golpe de Estado con el amparo de algunos jefes policiales.

El excuñado de Arturo Murillo, Daniel Aliss y la hermana del exministro de Gobierno, Mireya Murillo, fueron trasladados este miércoles al recinto penitenciario de El Abra, en la ciudad de Cochabamba, donde deberán cumplir detención preventiva por el caso gases lacrimógenos, delito por el que arrestaron a la exautoridad de facto en Estados Unidos (EEUU).

“Ambos aprehendidos pasarán primero por un periodo de aislamiento durante 15 días con el fin de descartar contagios de coronavirus. Luego de cumplir con este procedimiento, Aliss permanecerá en el penal de El Abra y Mireya Murillo será trasladada a la cárcel para mujeres San Sebastián en el mismo departamento”, señala un reporte de Bolivia Tv.

Tanto Aliss como la hermana del exministro fueron aprehendidos por su presunta vinculación en los delitos de lavado de dinero y sobornos durante la gestión de Murillo, el principal acusado.

El excuñado de Murillo fue seguido por la Policía cuando retiró dinero y objetos de valor de la caja de seguridad de una entidad bancaria que estaba a nombre del exministro.

Por otra parte, Mireya Murillo fue aprehendida cuando, supuestamente, pretendía salir del país con una gran cantidad de dinero.

A la lista se sumaron otras dos personas que en Cochabamba intentaron impedir uno de los allanamientos al bufete de Rodrigo Méndez, exjefe de Gabinete de Murillo, los cuales están acusados por obstaculización de la justicia.

En los 10 allanamientos, cuatro en La Paz; cuatro en Cochabamba, y dos en Santa Cruz, se logró incautar documentación referida a las compras, contratos, retiros de bancos, depósitos, armas, uniformes, vehículos, perros de raza y hasta sustancias controladas, entre otros que son investigados por las instancias correspondientes.

El abogado Gary Prado informó que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, presionó y gestionó, mediante el Ministerio de Defensa, el préstamo de gases lacrimógenos de Ecuador con el argumento de dotar a la Policía Boliviana de insumos antimotines durante el régimen de Jeanine Áñez.

En mayo, Murillo fue aprehendido en EEUU acusado por lavado de dinero y sobornos debido a su participación en un caso de adquisición de gases lacrimógenos con sobreprecio.

Prado aseguró que el caso del préstamo ocurrió mientras Murillo hacía las gestiones para adquirir los gases lacrimógenos de la empresa Cóndor mediante la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones, es decir, con un sobreprecio de $us 2,3 millones.

“Se prestaron un avión de la Fuerza Aérea y le pidieron al Gobierno ecuatoriano el valor equivalente a 9 millones de bolivianos de gas para suplir hasta que llegue esta compra y nunca les devolvieron”, indicó el abogado que asumió la defensa de dos exfuncionarios vinculados al caso, mismos que están privados de libertad, según reporte de ATB.

El jurista dijo que Murillo presionó para que se opte por el préstamo con el argumento de que la Policía Boliviana no contaba con la dotación necesaria de agentes químicos y vinculó al Ministerio de Defensa.

“Antes que mis clientes fueran funcionarios del Ministerio de Defensa, se había procedido a proveer un vuelo de la Fuerza Aérea hasta Quito, Ecuador, a recoger ese material”, aseveró. 

Dijo que Ecuador reclamó el préstamo al entonces ministro de Defensa, Fernando López, por los gases lacrimógenos prestados en 2020.

La denuncia de Prado se suma a lo dicho por la exministra de Comunicación de Jeanine Áñez, Roxana Lizárraga, quien sostuvo, en una entrevista con radio Fides, que al tener la versión de que la Policía y las FFAA no contaban con agentes químicos para dispersar un supuesto intento de explotar la planta de Senkata, el Gobierno de facto solicitó un préstamo de estos agentes químicos a un “gobierno amigo”.

La Fiscalía determinó este miércoles la aprehensión del abogado Jorge S., exintegrante de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de Deberes en la compra de 324 respiradores chinos con sobreprecio, transacción realizada durante el régimen de facto.

El informe fue brindado a Bolivia Tv por el fiscal departamental Marco Villa quien dijo que, hasta la fecha, tres personas fueron aprehendidas y se investiga a un total de 18 exfuncionarios del Ministerio de Salud que tuvieron que ver con la compra irregular de los equipos médicos en plena pandemia del coronavirus.

"Hemos encontrado indicios de la participación de esta persona, un abogado que fungía en el anterior gobierno en la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud (...) hemos podido establecer la evacuación de informes técnico legales con las cuales esta persona habría suscrito", indicó el Fiscal.

Explicó que el abogado Jorge S. habría firmado las adendas a los contratos que permitieron la adquisición de los 324 respiradores chinos.

El jurisconsulto está acusado por los presuntos delitos de incumpliendo de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, informó el Fiscal.

Según la denuncia que radica en la Fiscalía, el Estado boliviano pagó por cada respirador chino la suma de $us 35.858 pese a que cada equipo tenía un precio de fábrica de unos $us 18.500 la unidad, por lo que se presume de un sobreprecio millonario.

Esta adquisición irregular no se realizó directamente con la empresa fabricante sino mediante una empresa intermediaria, de manera similar a la transacción efectuada por Arturo Murillo en la adquisición de gases lacrimógenos cuando también se recurrió a intermediarios.

En este caso de los respiradores chinos, la justicia determinó, en abril, la detención domiciliaria, una fianza de Bs 70.000 y arraigo para la exministra de Salud, Heidy Roca.