La Defensoría del Pueblo recibió durante la semana pasada cuatro denuncias de cobros excesivos y maltrato por parte de clínicas privadas hacia pacientes con COVID-19, lo que calificó como un atentado al derecho a la salud.

“En los últimos días, la Defensoría del Pueblo ha recibido denuncias contra la Clínica Grumedso de Santa Cruz, el Hospital Nuestra Señora de La Paz, el Hospital Metodista de La Paz y el Hospital Agramont de El Alto, por cobros que incluso ascendieron a 127.445 bolivianos, en el caso más extremo, por atención hospitalaria sin que haya incluido terapia intensiva o por cobros que han oscilado en 20.000 bolivianos por cuatro horas de atención en una clínica”, afirmó la defensora Nadia Cruz.

De acuerdo a un boletín de prensa institucional, el caso más oneroso corresponde a la Clínica Grumedso de Santa Cruz, que extendió una factura por Bs 127.445, sólo por atención médica hospitalaria que no incluyó terapia intensiva, por 22 días de internación a una mujer. A este monto se sumó uno similar por brindar auxilio al esposo. Ambos fallecieron a causa del COVID-19.

Los familiares de la pareja revelaron que tuvieron que dejar los títulos de propiedad de un vehículo para retirar los cuerpos, porque no contaban con los recursos suficientes para cubrir la deuda.

“Exigimos al Gobierno nacional, a las entidades subnacionales aplicar la Ley de Emergencia Sanitaria a fin de controlar, fiscalizar y sancionar a aquellas clínicas que, en emergencia sanitaria, en la situación delicada que está pasando la población, realicen cobros excesivos”, acotó Cruz.

La segunda queja sobre cobros elevados involucra al Hospital Nuestra Señora de La Paz que extendió una factura por Bs 78.500, por la atención de un hombre de 58 años que falleció en terapia intensiva. Los familiares denunciaron que no pudieron retirar el cuerpo hasta la intervención de la Defensoría del Pueblo

En el Hospital Metodista ocurrió algo similar. Ese centro emitió una factura por Bs 20.000, por cuatro horas de atención a dos adultos, uno de 61 años y otro de 53, ambos afectados por el COVID-19.

En El Alto, el Hospital Agramont dificultó el traslado de un paciente, adulto mayor, a un hospital público, debido a que ese nosocomio no tenía convenio vigente con el Sistema Único de Salud (SUS). El paciente falleció en ese establecimiento.

Las denuncias o quejas contra la afectación al derecho a la salud por parte de los centros médicos privados se reciben a través de la línea gratuita 800-10-8004, la línea de WhatsApp 72006607 y de forma virtual mediante el sitio web de la institución, en el que existe un espacio habilitado para el efecto.

El Ministerio de Salud reportó este sábado 1.095 nuevos casos de COVID-19 en el país, lo que muestra un leve descenso en relación al pasado viernes. En tanto, el número de pacientes recuperados durante la jornada asciende a 884.

Según el Reporte COVID-19 en Bolivia N° 342, Santa Cruz encabeza la lista de los departamentos más afectados con 361 casos. Le siguen La Paz, con 290 y Oruro, con 142.

Cochabamba presenta 83 casos, Chuquisaca 72 nuevos contagios; Tarija, 54; Beni, 46; Potosí, 42; y Pando, cinco.

El reporte oficial precisa que, desde el comienzo de la pandemia, en Bolivia se reportaron 241.771 casos positivos, de los cuales 45.637 están activos.

Además, se descartaron 427.217 casos, hay 1.619 sospechosos, y la cifra de muertes a causa del virus asciende a 11.417. El total de pacientes recuperados suma 184.717.

Una clínica en la ciudad de La Paz retuvo desde el jueves contra su voluntad a una persona debido a una deuda que adquirió por el tratamiento médico prestado a su padre, quien falleció en ese centro de salud. Ante ello, la Defensoría del Pueblo gestionó la libertad de la persona retenida y la Policía hizo dos aprehensiones.

Un reporte de prensa de la Defensoría indica que “gestiona la liberación de una persona de nacionalidad venezolana, que fue retenida contra su voluntad en la Clínica Santa Laura de la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz, debido a una deuda por el tratamiento médico prestado a su padre, quien falleció en ese establecimiento”.

La persona estuvo retenida en la clínica privada desde el jueves, sin cobijo o alimento alguno. De acuerdo a un reporte de Bolivia TV, la deuda asciende a $us 19.000.

Según el informe, el personal de la Defensoría llegó al centro médico y constató que esa persona estaba encerrada en la clínica. Pese a las gestiones de los servidores defensoriales que indicaron a los galenos que tal acto implicaba la comisión de un delito, éstos se negaron a liberarlo.

Ante ello, se contactaron con efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para que liberen a la persona. Tras la intervención policial, se aprehendió a dos personas.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo recordó a la población en general, y en especial a los centros de salud, que está prohibido retener a las personas o a los restos humanos por la falta de pago por los servicios ofrecidos.

En ese caso, añade el reporte, el personal del centro médico debe acudir ante las instancias y vías legales correspondientes, pues lo contrario implica la generación de responsabilidad penal y la violación de los derechos fundamentales.

La Cancillería, en el Día Internacional de la Lengua Materna, reafirmó la idea de que preservar las lenguas maternas es proteger la identidad de los pueblos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores alertó que las lenguas indígenas corren serios riesgos.

La celebración se efectúa “en tiempos donde nuestros pueblos, sus tradiciones y sus lenguas y dialectos pueden desaparecer para siempre”, indica un documento citado en un reporte de prensa institucional.

Ante la gravedad de ese proceso que sufren las lenguas indígenas, añade el informe, se propone “fomentar su recuperación, su inclusión y celebrar su uso para generar puentes de diálogo entre nuestros hermanos”.

En ese sentido, se afirma que la celebración muestra “que las lenguas y el multilingüismo pueden fomentar la inclusión”.

La Cancillería propone promover la inclusión a través de las lenguas indígenas con “políticas, educadores y maestros, padres y familias que reafirmen y se comprometan con una educación multilingüe y así promover su recuperación”.

Bolivia promovió ante las Naciones Unidas la aspiración de los pueblos indígenas de proclamar el 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, “pero no nos quedamos sólo en esa proclamación, nos esforzamos para promover el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas de las Naciones Unidas 2022-2032”, indica el reporte.

Esta iniciativa busca que los gobiernos tomen las medidas necesarias para la preservación de las lenguas indígenas, el multilingüismo y el sostenimiento de sistemas de educación intercultural, y el conocimiento de la diversidad cultural.

Al celebrar este día, “es nuestra obligación salvaguardar la diversidad lingüística. Estamos convencidos que al hacerlo estaremos salvaguardando nuestras tradiciones, el conocimiento de nuestros abuelos y lo más importante, nuestra identidad”, finaliza el documento.

La viceministra de Seguros en Salud y Gestión del Sistema Único de Salud (SUS), Alejandra Hidalgo Ugarte, informó este sábado que el Hospital de Clínicas atiende con normalidad a los pacientes, pese al paro convocado por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) que se opone a la Ley de Emergencia Sanitaria.

“Se ha podido verificar que el área de terapia intensiva, de hospitalización están atendiendo con normalidad a la población”, señaló después de haber realizado una inspección al nosocomio que está ubicado en la ciudad de La Paz.

Expresó que, después de haber realizado un control a los diferentes centros de salud en las ciudades de El Alto y de La Paz, gran parte de los centros de salud de primer nivel atienden con absoluta normalidad, mientras que los de segundo y de tercer nivel en un 83% y 90%, respectivamente.

La autoridad gubernamental pidió a los médicos y enfermeras no suspender la atención a los pacientes que tienen algunas enfermedades de base como diabetes, insuficiencia renal e hipertensión arterial porque su salud puede complicarse si contraen la enfermedad del coronavirus.

Señaló que el Gobierno está predispuesto a trabajar con el Colegio Médico de Bolivia y el Consejo Nacional de Salud en la reglamentación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

Demandó a las clínicas privadas y las farmacias no lucrar con la atención a los pacientes y con la venta de medicamentos.
Un recuento de la paralización de servicios por parte de los profesionales en salud en Bolivia, demuestra que en 2018 no trabajaron durante 40 días y en 2019 no acudieron a su fuente laboral por más de un mes.

Sin embargo, en 2020, durante el régimen de Jeanine Áñez, los profesionales en salud no paralizaron labores ni un solo día.

Tras una inspección a la planta de almacenamiento y engarrafado de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Potosí, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, garantizó este sábado el abastecimiento y distribución con calidad, peso y precio justo de los combustibles líquidos (gasolina y diésel) y de gas licuado de petróleo (GLP) a las familias de la región.

“Nos encontramos hoy en el departamento de Potosí, en la planta de engarrafadora y logística para realizar las inspecciones operativas enmarcadas en la Constitución. Es así que realizamos la verificación de la calidad de la gasolina y diésel, de los tanques de almacenaje, producto que tiene como punto final las estaciones de servicio para su comercialización, de esa manera la ANH garantiza la calidad, precio y volumen en las estaciones de servicio”, afirmó.

El almacenaje de la planta de YPFB es de casi 2 millones de litros de gasolina, y Potosí, como departamento, consume aproximadamente 300.000 litros de ese producto, por lo que se tiene abastecimiento para unos cinco o seis días, señala un boletín institucional.

Según datos oficiales, Potosí cuenta con cuatro plantas de almacenaje y 33 Estaciones de Servicio distribuidos en el norte, sur y centro del departamento, además de redes de gas natural instaladas en Llallagua, Uyuni, Tupiza y Villazón.

El boletín también señala que en el departamento de Potosí se distribuyen diariamente cerca de 7.000 garrafas de GLP para abastecer a todos los hogares de la región.

“La ANH, dentro de su mandato de regular, controlar, supervisar y fiscalizar estas actividades, garantiza al departamento de Potosí que nuestro abastecimiento está totalmente garantizado”, remarcó Jiménez.